Audiencia en la CIDH: “Acá se está jugando el derecho a la comunicación en la Patria Grande”

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Así lo expresó la presidenta de FARCO, Mariela Pugliese, en la víspera de la sesión que se realizará mañana a las 10hs en la sede de la OEA. Habrá transmisión radial en vivo desde la página de FARCO, y puede seguirse en video desde la página de la Coalición entre otras. En la Ciudad de Buenos Aires se proyectará en el Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación (Anexo A, Rivadavia 1865, CABA) con invitados, legisladores y conferencia de prensa posterior, y hay convocatorias similares impulsadas por las coaliciones locales en distintos puntos del país.

La delegación argentina estará integrada por representantes del conjunto de organismos de derechos humanos, universidades públicas, sindicatos de trabajadores de prensa y redes de radios comunitarias, como FARCO, que realizamos conjuntamente la presentación.

Además, el procedimiento exige que también se presenten representantes del gobierno argentino para contestar a la demanda, quienes deberán dar explicaciones por las medidas que disolvieron organismos con representación significativa del Poder Legislativo, de las provincias y de diversos sectores académicos, de medios comunitarios y trabajadores, para reemplazarlos por otro con mayoría automática del Ejecutivo. También obliga a fundamentar la supuesta urgencia y necesidad de fomentar la concentración de medios mediante cambios en los topes regulatorios y la transferencia de la televisión por cable al sistema mercantil de las telecomunicaciones.

En la audiencia del viernes en la sede de la CIDH en Washington participarán en representación de los peticionantes Néstor Busso (FARCO-ALER-CCD), Horacio Verbitsky (CELS), Osvaldo Francés (ARBIA-CCD), Damián Loreti (AMARC-CELS-CCD), Ana Jaramillo (UNLa), Daniel Badenes (REDCOM-CCD), Oscar Nocetti (Cooperativa Popular Electrica, Santa Rosa, La Pampa-CCD), Martín Becerra (UNQui).

Las entidades denunciantes son el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las Universidades Nacionales de Lanús (UNLa) y de las Artes (UNA), la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM). También participan el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), la Red de Radios Universitarias de América Latina y el Caribe (RRULAC), la Asociación de Radiodifusoras Universitarias argentinas (ARUNA), el Sistema Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), Músicos Autoconvocados, la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (ARBIA) y la Cooperativa Eléctrica de La Pampa como expresión de las empresas cooperativas de servicio público.

Nestor-Busso-300x237Néstor Busso expresó en la víspera de la reunión: “Es un dato importante el hecho de que la CIDH ponga en debate a través de esta audiencia la violación a la libertad de expresión en Argentina; esperamos que esto haga cambiar la actitud del gobierno de Mauricio Macri y la comisión, a través de su seguimiento y recomendaciones, exija el cumplimiento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y se reconozca que la comunicación es un derecho humano y no un negocio”.

Asimismo, la presidenta de FARCO, Mariela Pugliese, consideró que “acá se está jugando no solo el derecho a la comunicación en la Patria Grande, sino también quiénes son los que dicen y qué construcción de realidad hacemos”.

“Un elemento fundamental es la institucionalidad que estos decretos modifican: convierten a la autoridad de aplicación en dependiente absolutamente del Poder Ejecutivo, y esto es algo que la OEA siempre vio muy críticamente como una lesión a la democracia”, remarcó.

Vale recordar que la audiencia ha sido convocada por la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA)y allí los comisionados escucharán a las organizaciones denunciantes y los alegatos de los funcionarios del Estado argentino.