Comunidad originaria sigue siendo hostigada por empresarios, policías y jueces tucumanos

La comunidad diaguita Indio Colalao sigue reclamando la liberación de dos de sus integrantes que están presos hace 10 días tras un violento desalojo. Las familias originarias vienen denunciando el hostigamiento de la policía, la justicia y los terratenientes Fredy Moreno Nuñez Vela y Jorge Posse que dicen ser dueños de las 19 mil hectáreas que la comunidad considera propias. Alberto Mercado y Manuel Pastrana fueron encarcelados el 27 de julio en un violento operativo policial en el que se pretendía detener a 25 comuneros. En declaraciones al Colectivo de Comunicación Popular La Palta emitidas en Informativo FARCO, Josefina Doz Costa, directora ejecutiva de la Asociación de Abogados y Abogadas del Norte Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), aseguró que no sólo se trata de una criminalización contra la comunidad sino que además se viola su derecho a defenderse judicialmente “porque tampoco conocen que es lo que se les está imputando porque directamente se libra una orden de detención” y no se los cita previamente.

La comunidad, que está acusada de usurpar su propio territorio, se viene quejando del papel que están jugando tanto el fiscal Guillermo Herrera y como el juez Francisco Pisa. Para Doz Costa “en muchos casos este tipo de causas no prosperan porque en verdad no tienen fondo, no tienen fundamento, no tienen pruebas” pero sí provocan “una especie de susto, de preocupación porque es hablarle a la comunidad indígena con un lenguaje que no manejan y que generalmente es muy violento como es el sistema penal y la justicia penal”.

En el último allanamiento realizado existía la orden de detención para 25 personas de las cuales sólo 8 habían sido llamadas a declarar con anterioridad. En el operativo hubo dos detenidos, disparos de balas de goma y varios integrantes de la comunidad tuvieron que pasar la noche en el monte luego del desalojo. La directora de ANDHES remarcó que hay “17 personas que no son citadas y directamente se lanza una orden de detención contra ellas, no son citadas a declarar ni saben qué es lo que se les está imputando, entonces eso es una irregularidad grande en lo que llamamos debido proceso. Ellos no tienen la posibilidad de defenderse, de hacer una declaración o un descargo en relación a lo que se les imputa porque tampoco conocen qué es lo que se les está imputando porque directamente se libra una orden de detención”.

En un comunicado las familias originarias denunciaron el hostigamiento que están sufriendo y reclamaron “la inmediata intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, certificando nuestra preexistencia como Comunidad Originaria” y la “inmediata instrumentación de la Ley 26.160 promovida y ejecutada por el Gobierno Nacional y desoída por el Poder Judicial de Tucumán”. Además pidieron “la presencia en Tucumán de la Comisión de Derechos Humanos de Cámara de Diputados de La Nación”.

La ley nacional 26.160 fue aprobada en 2006 y ordena realizar un ordenamiento territorial en todas las provincias para determinar fehacientemente las tierras que pertenecen a distintos pueblos originarios. Además impide los desalojos de comunidades indígenas hasta que esos relevamientos se realicen.

Reporte de Marianella Triunfetti, Colectivo de Comunicación Popular La Palta

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Ver también: La comunidad Indio Colalao fue reprimida y desalojada