Diario CoLatino – El Salvador (07-10-11)

Sin embargo, aún persisten sectores fácticos y grupos de poder económico que impiden que buena parte de la población goce de este derecho, acaparando el uso, por ejemplo, de frecuencias de radio y televisión para favorecer sus intereses particulares.

“Ellos hablan de la libertad de prensa y confunden la libertad de expresión, como derecho universal, con su libertad empresaria”, expresó el argentino Néstor Busso, en una entrevista concedida a Diario Co Latino.

Busso es Presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual de Argentina y Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), con sede en Ecuador.

– Hay una constante lucha de los medios comunitarios y alternativos por abrirse espacios igualitarios ¿Cuáles han sido los principales obstáculos en América Latina para lograr esto?
En tiempos de neoliberalismo, en América Latina y el mundo, se ha instalado la idea de que la comunicación es simplemente un negocio comercial. Nosotros pensamos que la comunicación es un derecho humano.
Por lo tanto, los Estados deben intervenir para garantizar este derecho, promoviendo y facilitando la expresión de los sectores más débiles de la población y poniendo límites a los que se quieren quedar con todo, a los grupos que quieren acaparar el uso de frecuencias con gran cantidad de medios.
Así que las dificultades han sido fundamentalmente esas: El poder de los grandes grupos de la comunicación que, en realidad, son grandes grupos económicos con mucho poder. Y muchos gobiernos se han subordinado a esos intereses durante años.
Hoy estamos viviendo una etapa nueva, particularmente en América del Sur, con gobiernos que se parecen cada vez más a sus pueblos y que están avanzando en la conquista de derechos, entre otros, el derecho a la comunicación.

– Mucho se habla de la democratización de los medios ¿Cómo concibe usted esa idea?
Que el derecho a la comunicación pueda ser ejercido por todas las personas. La libertad de expresión es para todos, es un derecho universal, así lo consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos.
No dice que es un derecho de los propietarios de los medios ni tampoco de los periodistas o comunicadores, es un derecho de todas las personas, entonces, lo que los Estados deben hacer es asegurar esos derechos y eso requiere, entre otras cosas, administrar adecuadamente el espectro de frecuencias para radio y televisión.
Las frecuencias no son propiedad de nadie, son -según tratados internacionales- patrimonio común de la humanidad. Los Estados tienen la función de administrarlas asegurando diversidad y pluralidad de voces, para que todas las personas tengan canales de expresión, independientemente de sus ideas políticas o religiosas, condición económica, y origen étnico o racial. Que todos puedan expresarse, eso supone facilitar la expresión de los más débiles y ponerle límites a los poderosos, como en otras áreas de actividad.

– Se plantea que el poder político se construye en los medios de comunicación, en este sentido ¿Cuáles son los alcances de la comunicación alternativa y participativa?
Es cierto, los medios de comunicación son los que construyen la agenda pública, ponen los temas de debate y son los que silencian muchos temas, invisibilizando a gran parte de la población. Los grandes medios de comunicación responden, sin duda, a los intereses del poder económico.

Así que es necesario asegurar diversidad y pluralidad (a través de) medios de organizaciones populares y de organizaciones sociales, para que la comunicación no esté mediada por el poder económico.

Se llamen comunitarios, populares, alternativos, autogestionados, ciudadanos; tienen diversos nombres, pero lo importante es que aparecen y van cobrando fuerza en América Latina medios que no tienen como lógica el lucro o que no responden al poder económico, sino a los diversos intereses que conviven en nuestro pueblo.

– Pero hay una fuerte oposición principalmente de los medios comerciales y corporativos…
Es una realidad. Hay una fuerte concentración en la propiedad de los medios en todos los países de América Latina, en mayor o menor grado. Ellos hablan de la libertad de prensa y confunden la libertad de expresión, como derecho universal, con su libertad empresaria.

Libertad de prensa no es igual a libertad de empresa. Por eso es necesaria la acción de los Estados, para que los medios sirvan a la construcción de ciudadanía, al debate ciudadano y no solamente a la defensa de los intereses de los poderosos.

Así que cuando los Gobiernos avanzan en garantizar este derecho, a poner límites al poder económico, ellos se victimizan y tienen sus voceros como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) u otras entidades, a través de las cuales intentan presionar, pero ya no asustan a nadie.

– En cuanto al contexto político de la región, luego de la recesión mundial, la crisis del capitalismo y el florecimiento de gobiernos de izquierda ¿Estamos ante un cambio de época en Latinoamérica?

Sin duda, estamos viviendo un cambio de época, cada vez más los gobiernos elegidos democráticamente se parecen a sus pueblos y no se subordinan a los intereses imperiales, a los dictados de EE.UU. o de lo que fue el consenso de Washington.

Intentan salir de la etapa de neoliberalismo buscando asegurar los derechos de sus pueblos con mayor independencia, ejerciendo su soberanía y mejorando las condiciones de vida, para hacer efectivo lo que dicen ancestralmente los pueblos andinos: el buen vivir.

Todavía falta mucho pero eso está ligado a la posibilidad de la integración latinoamericana. Estoy seguro que América Central, más temprano que tarde, va a participar de este proceso que nos va a reunir en lo que son nuestros orígenes de una América Latina unida y libre como soñaron San Martín, Bolívar y tantos próceres.

– El nueve de octubre de 2009, el senado argentino aprobó la Ley de Comunicación Audiovisual, considerada la más avanzada en la región ¿Qué avance ha tenido esta Ley?
Recién estamos en la primera etapa de implementación. La Ley estuvo suspendida en su aplicación por la acción de los grandes grupos económicos que controlan la comunicación y con la complicidad de algunos sectores de la justicia.

Eso ha sido resuelto por la Corte Suprema de Justicia en el fallo que ratificaron la plena vigencia de la Ley, así que estamos en los primeros tiempos de aplicación de una Ley que cambia el modelo comunicacional del país (impide monopolios y oligopolios) y que, sin duda, va a llevar un tiempo cumplirla en su integralidad.

Publicado en Diario CoLatino