El Ciudadano – Ecuador (22-07-11)
Néstor Busso: “La libertad de expresión no es libertad de empresa”
Quito (Pichincha).- El presidente del Consejo Federal de Comunicación de Argentina (Cofeca), Néstor Busso, ratificó la necesidad que tienen los países, entre ellos Ecuador, de contar con un Consejo de Regulación que limite y supervise los contenidos violentos, sexualmente explícitos y nocivos para la sociedad. “El Estado debe intervenir para que la libertad de expresión no sea libertad de empresa”, aseguró.
“Por lo que conozco, (en Ecuador) hay un mandato constitucional que me parece importante respetar y que es producto de un amplio debate a favor de la exigencia de una nueva Ley de Comunicación”, aseveró Busso, quien fue uno de los promotores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, en vigencia desde el 10 de octubre de 2009.
En este sentido, para el representante del Cofeca, el Estado debe poner ciertas reglas que defiendan la dignidad de las personas y de la sociedad, los derechos de los niños y el buen nombre, dado que “la comunicación no puede ser una simple mercancía, sino un derecho humano”.
“Me parece bien que exista un organismo que ponga ciertos límites, pero sin control de las opiniones a favor o en contra de tal o cual idea política”, puntualizó, y señaló la necesidad de regular el excesivo poder de los grandes grupos mediáticos, que se sustentan internacionalmente en instancias como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a la cual calificó como “cámara empresaria”.Tras varios años de debate, Busso consideró que la vigencia del marco legal argentino es una gran conquista naciente de jornadas largas de análisis y propuesta democrática.
“En Argentina tenía mos vigente la Ley de Radiodifusión impuesta por la dictadura en el año 80, tras recuperar la democracia en el 83 veníamos planteando la posibilidad de cambiar la Ley, por una de la democracia”, mencionó en una entrevista con El Ciudadano.
A partir de 2004, mediante varias reuniones de organizaciones sociales, radios comunitarias y trabajadores de la comunicación, se propuso 21 puntos para la elaboración de un nuevo marco legal que fue sometido a debate en toda la República.
En abril de 2008, el Gobierno de Cristina Fernández ejecutó un ante proyecto sobre el tema, propiciando un amplio debate nacional. “Todo esto fue ninguneado por los grandes medios, que no querían que se debata sobre esto. Ellos siempre buscan la ley del mercado, la del poderoso”, dijo, y mencionó especialmente al Grupo Clarín, que judicializó y puso varias trabas legales a la Ley, que finalmente entró en vigencia, tras la convalidación de la Corte Suprema de Justicia.
“El Estado tiene que garantizar la libertad de expresión para todas las personas y eso implica asegurar diversidad y pluralidad de voces”, aseveró, describiendo que la Ley garantiza precisamente eso, la inexistencia de grandes monopolios mediáticos y la democratización de los recursos que la actividad comunicacional necesita.
Esta Ley de Comunicación, establece varios mecanismos de su aplicación; el uno es la Autoridad Federal, es decir un Consejo Regulatorio compuesto por 7 miembros (2 por el Ejecutivo, 3 por la Legislatura y por 2 el Consejo Federal) y el otro es el Consejo Federal, del cual es su presidente.
La Autoridad Federal, a su vez es controlada por el Consejo que está a cargo de Busso que hace un seguimiento de las tareas relacionadas a la aplicación de la Ley.
Este Consejo tiene la función de asesorar a la Autoridad Federal en materia de políticas de comunicación, se compone por 38 miembros de diversos sectores y uno por cada provincia. /SD Prensa Presidencial
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