El Comercial (07-09-12)

“Cuando hablamos de comunicación, hablamos ahora de derechos humanos, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entiende a la comunicación como un derecho humano, eso significa un derecho de todas las personas independientemente de su condición económica, política y religiosa, es de todas las personas con todas las diversidades que existen en nuestro pueblo”, agregó.
Busso analizó los alcances de la legislación y los cambios que generó en la sociedad marcando “el inicio de un debate” que no existía previo a la sanción de la ley.
“Lo importante es que los medios entran en debate. Se discute cuando los periodistas dicen algo, se duda si dicen la verdad o están mintiendo y en esto hemos alcanzado mucho, tanto o más que con la sanción de la ley en sí”, comentó.
“Venimos de enfrentar a un Estado que aplicaba la ley de la dictadura y de un Estado y de una sociedad que entendía la comunicación como un negocio comercial y este es el gran cambio, quizás más importante que la ley misma, hemos instalado el debate sobre la comunicación, un tema del que antes nadie hablaba”, añadió.
Para Busso, la comunicación era entendida “como un negocio sólo debatido por especialistas”. “De la comunicación popular nadie hablaba y frente a los cambios los grupos concentrados que crecieron en la etapa del neoliberalismo ahora resisten su aplicación”.
En cuanto a los grupos económicos concentrados los definió como potadores del poder aunque aclaró que “ese poder no funcionaba sin conflicto porque existía un Estado que se subordinaba”.
“Cuando el Estado decide ponerle limite a ese poder económico concentrado, los grupos comienzan a resistirse y hoy estamos viviendo un conflicto entre el poder político y el poder económico y esto se da gracias a dos cuestiones: la organización popular y la decisión política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner”, aseveró.
El titular de FARCo también hizo un repaso de los procesos judiciales que acontecieron una vez sancionada la ley, donde su completa aplicación se vio impedida por una medida cautelar presentada por el grupo Clarín: “Luego de la sanción llegaron las chicanas judiciales donde lo que se está discutiendo no es ni más ni menos de si un año es tiempo suficiente para adecuarse a la ley”.
En el mismo sentido mencionó al 7 de diciembre como una momento clave, no sólo por representar el plazo máximo fijado por la Corte Suprema para que Clarín pueda adecuarse al cumplimiento de la ley, sino por significar una fecha donde los ciudadanos puedan apoyar el cumplimiento de la norma.
“El 7 de diciembre es el día que se debe cumplir ese límite, haya cambios o no, como sociedad debemos estar dispuestos a sancionar el no cumplimiento de la ley, a apoyar al Estado. Ese es el gran desafío más allá de la coyuntura judicial, apoyar la aplicación total de lay para promover una nueva comunicación”, sintetizó.
Por su parte, Analía Elíades, Directora General de Asuntos Legales y Relaciones Legislativas del Senado de la Provincia de Buenos Aires, que acompañó en la conferencia a Busso, destacó la sanción de ley por instalar “un nuevo paradigma de la comunicación” y por marcar “una nueva matriz en lo internacional”.
“La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual marca un momento bisagra y es un ejemplo internacional aunque esto no salga ni en Clarín ni en ningún medio hegemónico”, agregó la investigadora.
Elíades también mencionó al 7 de diciembre, “como una fecha importante en la historia de la Radiodifusión de nuestro país” y “clave en la lucha por los derechos de la comunicación”. (Télam).-

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