La comunidad Indio Colalao fue reprimida y desalojada

La represión y el desalojo fueron ordenados por el juez Francisco Pisa y comandados por el fiscal Guillermo Herrera junto a unos 200 policías. La comunidad Indio Colalao está ubicada cerca de la localidad de Trancas en el límite entre Tucumán y Salta.

En Informativo FARCO, a través del informe del corresponsal del Colectivo de Comunicación Popular La Palta, Ovejero explicó que “hay una causa que se abrió en contra de algunos comuneros hace 10 días cuando la comunidad decide establecerse en una asamblea permanente y pacifica en el territorio en reclamo de todos los hechos de violencia que se venían dando en contra de la comunidad por parte de Fredy Moreno, que la ultima acción que había tenido era sacar a un abuelo. Entonces la comunidad decide ponerle un alto a todo esto y se hace presente en el territorio de esta manera con una asamblea”. A partir de esta decisión de la comunidad la justicia decide el desalojo que se concretó ayer con una represión con un fuerte operativo.

La referente de la comunidad describió que ayer “se presentan 300 efectivos de la policía, entre los cuales se encontraba la infantería, caballería, la motorizada y gente del grupo CERO (Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones), por lo que nos informaban los hermanos. Y se presentó una tensión porque ellos querían retirar a los hermanos del lugar. Aproximadamente hasta las 2 de la tarde se mantuvo el clima de tensión hasta que se llega un acuerdo donde la comunidad permite que ingrese un vehículo de la policía para hacer una vista ocular, volver, labrar un acta y retirarse. Lo que la gente me decía es que cuando vuelve el móvil labran el acta y cuando la gente empieza retirarse a su casa o de sus familiares, lo que hace la ayudante de la fiscal que se encontraba ahí en el lugar es mandar la orden de que la policía ingrese y que no deje que la gente vuelva a su casa”. “La policía entró e hizo disparos con balas de goma, que entró la infantería y rodeó a los hermanos que estaba ahí y los volvió hasta una casita que hay justo en la entrada y los tenían ahí”, continuó Ovejero.

Según el relato de esta vocera de la comunidad la mayoría de los efectivos se retiró del lugar “y dejaron una guardia policial de aproximadamente 8 efectivos. Lo que le prometen a la gente es que los efectivos dicen estar allí porque se supone que custodian el camino, para que el camino esté liberado para que no les pase nada a ellos. Ellos (los miembros de la comunidad) se encuentran del otro lado del portón, en el territorio, pero están esperando porque no quieren una nueva situación de conflicto sino que quieren que se respete el derecho de posesión de los hermanos que están hoy en sus casas”.

Informe de Javier Sadir, Colectivo de Comunicación Popular La Palta

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