La Nacion (20-05-13)

Su momento de mayor gloria fue cuando se presentó en persona en Clarín, en diciembre último. Parecía que iba a sacar el facón para llevar a cabo la desinversión de ese holding con sus propias manos, como quien faena reses. Pero apenas quedó en el amague. Y debió volverse sobre sus pasos.
El frustrado 7-D y los sucesivos reveses judiciales -génesis de la actual “democratización” con la que el Gobierno intenta imponer un grave cambio de régimen- lo llevaron a buscar lucimientos más protocolares y menos memorables: ser figura estelar de reparto en las aplaudidas tertulias presidenciales o ser una suerte de embajador itinerante de los medios públicos que un día amanece en Bolivia para dictar cátedra al respecto; como tan pronto madruga en Cuyo, para inspeccionar emisoras, o que desde Chaco apostrofa que actuará “de oficio”. Una suerte de arcángel Gabriel, pero que en vez de lanza, apunta con la ley de medios.
Aunque sus admoniciones contra el Grupo Clarín son frecuentes -anteayer presentó una apelación en la Corte Suprema de Justicia contra el último fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal sobre la ley de medios-, Sabbatella nunca pierde esa bonhomía que, por momentos, evoca al simpático y malogrado Humpty Dumpty. Ojalá que no termine igual.
No bien el ex intendente de Morón llegó a la repartición creó una nueva estructura sobre la base de un gabinete de seis direcciones, reestructuró delegaciones en todos el país, que ya suman 36, y aumentó el personal. Está fascinado con la “solución informática” que le permitirá “visualizar y grabar audio y video de un total de 24 señales” de radio y TV. No sólo eso: desde octubre de 2012 adjudicó 127 licencias de radio y 35 de TV cable. También otorgó 65 habilitaciones de licencias, que ya habían sido asignadas (60 FM, 4 cables y 1 onda de TV abierta).
En el reciente informe de gestión de la Afsca, Sabbatella, entre otros muchos logros que se adjudica, sumó la convocatoria a la segunda y tercera minoría parlamentaria para que propusieran sus representantes en el directorio del organismo.
Si bien eso ha ocurrido en el caso del radicalismo, con la llegada del ex legislador Marcelo Stubrin sobre fin del año pasado, aún está pendiente el ingreso de Alejandro Pereyra, representante del Frente Amplio Progresista, una situación del todo anómala.
Es que quien fuera director jurídico del Comité Federal de Radiodifusión (el tristemente recordado Comfer, antecedente inmediato de la actual Afsca) tuvo varias objeciones de índole técnica (entre otras, que está al frente de un estudio especializado en medios). Éstas fueron presentadas por el CELS, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata (UNLP), Farco, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la Asociación de Abogados por la Justicia Social y la Asociación de Radios Universitarias. Llama la atención que la redacción de algunas de estas argumentaciones estén casi calcadas. Hay quienes creen que el original fue escrito en Balcarce 50. Los descargos de Pereyra ni siquiera fueron respondidos.
La Presidenta está obligada a resolver la situación, tal cual lo dispone el artículo 14 de la ley 26.522 (de medios) y, en todo caso, si tiene alguna duda, debió devolver la propuesta para que el FAP la ratificara o la rectificara. En cambio, prefirió remitirla a la comisión bicameral de promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual, que preside el diputado oficialista Agustín Rossi, donde duerme el sueño de los justos.
Esta premeditada demora -en la que ya están en falta dos poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo)- desató una tormenta en el poder restante (Judicial), ya que la jueza María Servini de Cubría trató de sacarse de encima el expediente. En las próximas horas, la Cámara Electoral deberá resolver la competencia y la omisión inconstitucional de denegar una designación dispuesta por la propia ley de medios, dando lugar a un planteo cautelar que permita a Pereyra ingresar a la Afsca por más que Cristina Kirchner insista en mirar para otro lado.
Stubrin, el otro miembro de la minoría que sí pudo integrarse a la Afsca, reclamó hasta ahora sin éxito sobre varias cruciales cuestiones como: 1) que se aprueben la Norma Nacional de Servicios y las normas técnicas para la instalación y operación de radiodifusión, tal como lo dispone el artículo 156, que daba un plazo que está totalmente vencido; 2) que se conozca el Censo de Medios de Comunicación, que debió culminar en marzo de 2011, y del que no se tienen noticias; y 3) que se dé “urgente encuadramiento” en la ley de servicios de comunicación audiovisual a la televisión digital terrestre, que el Gobierno maneja a su antojo sin dar cuentas a nadie.
Sabbatella ha dicho que una de las prioridades de su gestión era poner en funcionamiento “todos los organismos institucionales establecidos por la ley de servicios de comunicación audiovisual”. Sin embargo, el directorio de Afsca sigue incompleto y todo indica que es por la propia desidia oficial.

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