Organismos de DD.HH. piden que se investigue si el líder de la UOCRA colaboró con la dictadura
Organizaciones de derechos humanos pidieron que la justicia investigue al actual líder del gremio de la construcción Gerardo Martínez por su posible rol de colaborador civil de la última dictadura. Según la presentación, Martínez figura en la “nómina del personal civil de inteligencia” del Batallón 601 difundida el año pasado. En diálogo con el noticiero nacional del Foro Argentino de Radios (FARCO), el abogado Luis Bonomi del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) explicó que el punto central es saber “si hay alguna vinculación con los más de cien desaparecidos que tiene el gremio durante la dictadura militar”.
Gerardo Martínez es desde el menemismo el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción a nivel nacional. El abogado Luis Bonomi contó que no hay causas por violaciones a los derechos humanos en las que esté involucrado y que las organizaciones denunciantes no hicieron “afirmaciones categóricas en la denuncia” pero sí piden que “la justicia investigue y aclare esta situación”.
El abogado explicó que el número de DNI de Martínez que está publicado en la página web de la UOCRA “es exactamente el mismo que el figura en ese archivo que envió el Ejército a la (ex) ministra de Defensa” Nilda Garré, donde está el listado del personal civil dependiente del Batallón 601 del Ejército, durante la dictadura.
Los denunciantes informaron que “en dicho listado a foja 52, con el nº de orden 2.798, se encuentra el nombre de Martínez, Gerardo Alberto, DNI 11.934.882. Ninguna duda cabe de que se trata de la misma persona que hoy revista como Secretario General de la UOCRA , Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT”.
Las organizaciones de derechos humanos relataron en un comunicado de prensa que “el Batallón 601 se especializaba en hacer inteligencia sobre todos aquellos grupos y personas consideradas ‘subversivas’, utilizando tácticas de infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición final mediante el asesinato de los cautivos y ocultamiento o destrucción de sus cuerpos”.
La denuncia para que se investigue el rol de Martínez recayó en el juez federal de Buenos Aires Sergio Torres. Fue presentada por los abogados de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo. Además figuran como denunciantes el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Centro de Abogados por los Derechos Humanos, la organización LIBERPUEBLO, la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, el Movimiento Territorial Liberación, el sector de la Central de Trabajadores de la Argentina que conduce Pablo Micheli, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, Vecinos de San Cristóbal Contra la Impunidad y el Colectivo Popular por los Derechos Humanos del Movimiento Popular La Dignidad.
Entrevista de FARCO a Luis Bonomi
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