Salta: “La ley sobre sexualidad responsable todavía no está reglamentada”
En Salta, la muerte de una nena de 13 años por intentar practicarse un aborto a través de un medicamento reavivó el debate en la provincia por la despenalización del aborto y la educación sexual. La respuesta de la justicia fue la detención de la madre de la nena fallecida por ser presuntamente quien le suministró ese fármaco. Beatriz Guevara, de la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta dijo a Radio Universidad que “en nuestra provincia tenemos la ley sobre sexualidad responsable que todavía no está reglamentada”, con lo que no se garantiza la educación sexual ni métodos anticonceptivos.
En Informativo FARCO, a través del reporte de Radio Universidad Nacional de Salta, Guevara analizó la realidad de la provincia en materia de salud reproductiva a pocos días del fallecimiento de una nena por un aborto mal practicado. “En nuestra provincia tenemos la ley sobre sexualidad responsable que todavía no está reglamentada. O sea que desde la provincia no existe garantía, no se garantizan con presupuesto de la provincia los métodos anticonceptivos, y tampoco se garantiza la educación sexual integral”, explicó la referente de la Comisión de la Mujer de la UNSA. “Al fallar estos dos primeros puntos indefectiblemente chocamos con una realidad en la cual siguen ocurriendo abortos clandestinos en nuestra provincia y en nuestro país con consecuencias muy dramáticas que terminan con la muerte de mujeres y de niñas”, continuó.
Cabe señalar que la gran mayoría de las muertes por abortos son de mujeres pobres que recurren a métodos económicos, más accesibles, generalmente sin las condiciones higiénicas necesarias para practicarse esta operación que está penalizada excepto en los casos en que se practique “con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios” o “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”, según establece el Código Penal. Aun en esos casos muchos médicos recurren a la justicia y la operación se demora hasta no poder realizarse o las familias dan marcha atrás en su decisión por la judicialización del caso.
Informe de Marita Couto, Radio Universidad Nacional de Salta
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