Vidal vetó la expropiación de las tierras del hogar Pantalón Cortito
El proyecto para la expropiación del terreno fue aprobado por la legislatura bonaerense en la última sesión del año 2016. Sin embargo, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, frenó esta ley argumentando falta de presupuesto. El terreno ubicado en la zona de Abasto, en la ciudad de La Plata, es gestionado por la Asociación Civil Pantalón Cortito, quienes trabajan en conjunto con FM Raíces.
Marcelo Ballesteros, abogado de la Asociación Civil Pantalón Cortito, explicó que “el mismo texto de la ley aprobada dice que el ejecutivo provincial no va a solventar la expropiación y que queda a cargo de la Asociación”.
Este no es el único caso, donde la gobernadora de Cambiemos vetó una ley de expropiación ya aprobada. Gustavo Di Marzio, diputado provincial del Movimiento Evita, y quién presentó el proyecto de expropiación, sostuvo que “el ejecutivo provincial está haciendo un uso indiscriminado de la facultad que tiene de vetar leyes. Las leyes de expropiación han sido votadas por unanimidad en ambas cámaras”.
Pantalón Cortito tiene este predio desde el año 2000 y eran de una sociedad anónima disuelta en la década del 60. Ahí se realizan diferentes actividades de contención, educativas y recreativas para los vecinos de la zona donde viven gran parte de los trabajadores frutihortícolas de la región.
Ante la inexistencia de un dueño, desde Pantalón Cortito se encaró la estrategia de una expropiación a cargo de la Asociación (Art. 2 y 5 del Proyecto de Ley D-2130/14-15); es decir que el Estado solo destrabaría la compra del terreno que se halla en un vacío jurídico. Según Ballesteros, si bien este método había sido intentado anteriormente, “en este caso tuvimos la satisfacción que se aprobara por unanimidad en ambas cámaras”.
Esta decisión de María Eugenia Vidal (Decreto 39 del 23 de enero de 2017) hunde a la comunidad contenida en el trabajo de la organización por la inseguridad jurídica que les significa.
Para el representante legal, los argumentos publicados son “risueños”, ya que el Estado Provincial se escusa en no tener el presupuesto necesario para hacerse cargo de los gastos, cuando en el texto de la Ley aprobada se aclara que la provincia “no iba a solventar ningún tipo de erogación de la expropiación porque estaba a cargo de la asociación el pago de un costo que surgiera de la tasación oficial”.
