La sanción de la ley fue posible, es justo decirlo, por la decisión política del kirchnerismo y su fuerte convicción de enfrentar a los monopolios mediáticos, tan temidos en 25 años de gobiernos democráticos.

Dos años pasaron. Y sin embargo, la vieja Patria Mediática aún mantiene conexiones de poder que han hecho imposible el cumplimiento total y absoluto de una ley de la Nación surgida del más amplio consenso popular y sancionada con la fuerza de los votos en el Congreso. La Patria Judicial siempre tiene un juez dispuesto, en este caso dispersados en todo el país, a frenar los avances populares y entorpecer todo con cuestiones técnicas y muchas veces poco creíbles.

A dos años de la sanción de la ley, el proceso de desinversión que debían hacer los monopolios aún no comenzó porque siempre hubo una medida cautelar que los amparó, como tampoco existe la posibilidad de que todas las señales televisivas puedan ser subidas a los operadores de cable, que mantienen así un poder de censura notable, determinando qué cosa se ve y qué cosa no se ve.

El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, aseguró ayer en CN23 que, a dos años de su sanción, la Ley de Medios “se está aplicando en gran parte y se advierte un efecto democratizador”.

Asimismo, el funcionario dejó en claro que la norma “es para que todo el mundo la cumpla, incluso los monopolios” y cuestionó al juez Edmundo Carbone, quien hizo lugar a las medidas cautelares del Grupo Clarín para postergar su aplicación. “La resistencia de tantas presiones históricas todavía están vigentes”, observó.

Mientras tanto, los legisladores de la oposición siguen conspirando contra la aplicación de la ley al seguir sin tener presencia, a pesar de que la ley prevé que haya representantes de tres minorías legislativas en el cuerpo, en la Autoridad de Aplicación, en un claro intento por deslegitimar a la norma.

Jueces y políticos se convierten así, en velados cómplices de la movida tendiente a que no se democratice la voz.